Una vez asumido que muchos de ellos tendrán que gastarse 3.000 euros en instalar un limitador acústico, los responsables de los bares de copas de la ciudad piden que se alargue el plazo de dos años establecido para cumplir con esta normativa. Así lo señaló ayer el responsable de esta Vocalía dentro de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería (Apeh), Julián Gómez.
El principal miedo de estos empresarios es que la inversión que hicieron hace pocos años no les sirva para nada. Es decir, muchos ya tienen este limitador, pero temen que la nueva ordenanza les obligue a comprar uno que se adapte a las exigencias municipales. Este aparato deberá estar conectado con la Policía y con Medio Ambiente para enviar la información de los decibelios, lo que implica tener una conexión a Internet, cuya cuota, evidentemente, corre a cargo de los propietarios de los bares.
En esta situación se encuentra el propio Gómez, que es el responsable del bar La Brújula. Hace algunos años hizo una inversión «muy grande» en comprar un limitador. «¿Por qué hay que cambiar un coche cuando funciona? ¿Por qué hay que estar siempre endureciendo la normativa?». Dos preguntas para las que todavía no ha obtenido respuesta. Este miembro de la Apeh también señala que se presentaron alegaciones a esta nueva normativa que, por lo visto, no han prosperado. «Es un gasto muy elevado tal y como están las cosas», opina.
Y eso que parte del sector se muestra comprensivo con una normativa que pretende avanzar en la convivencia entre los negocios de hostelería y los vecinos, especialmente con las terrazas.
Para Antonio Rodríguez, del Café Compás, «es un tema muy importante». Incluso llega a reclamar que la Policía sea más contundente con los que no cumplen la normativa, porque considera que, si no es así, se produce una situación de competencia desleal. «Parece que aquí la Administración funciona a golpe de denuncia porque, aunque tengas al lado a alguien que no cumple, nadie hace nada», se queja.
Hace cuatro años que Rodríguez insonorizó su local e instaló el correspondiente limitador, por el que pagó unos 2.800 euros, después de que una vecina le denunciara. Él confía en que este equipo cumpla con la normativa aprobada anteayer.
También tienen limitador en la sala de fiestas My Way desde hace tres años. Eso sí, su responsable reclama que este tipo de normativa distinga entre los negocios que tienen vecinos al lado y los que no, como el suyo. «En mi caso no creo que fuera necesario instalarlo, pero lo hicimos porque nos obligaban para convertirnos en sala de fiestas».
Este tipo de aparatos permite ajustar el sonido de la sala al máximo permitido por la Ley, pero sin superar esos límites. Una de sus características es que, cuando hay más gente en el bar y, por ende, más ruido, baja automáticamente el volumen de la música.
Concretamente, tendrán que estar instalado en agosto de 2015, una fecha lo suficientemente alejada en el tiempo, a juicio del concejal de Desarrollo Sostenible, Jesús Enríquez.
De este modo, la Policía podrá saber en tiempo real el nivel de ruido que hay en un local, ya sea cuando se produzca una denuncia o haya una actuación de oficio.
La ordenanza aprobada anteayer también regular el límite de ruido que se puede hacer en una obra, en los domicilios particulares y en la industria. La normativa, aprobada con los votos a favor de PP e IU y la abstención del PSOE, obligará a poner una placa en los locales con su número de registro, licencias y limitaciones, horario y tipo de actividad.