Castilla y León solicitará al Gobierno que el 30 por ciento de las ayudas que correspondan a la Comunidad dentro del Plan Estatal de Vivienda, proyecto que ultima el Ejecutivo y que negociará con las comunidades autónomas en los próximos meses, se destinen al fomento del alquiler y el resto a ayudas a la rehabilitación. Este fue el primer acuerdo alcanzando ayer durante la reunión de la Mesa de la Vivienda del Diálogo Social, donde también se pactó que el alquiler y la rehabilitación sean los ejes primordiales a largo plazo de la nueva política de vivienda de la Junta.
El consejero de Fomento, Antonio Silván, aseguró que el objetivo es cambiar la mentalidad de la sociedad respecto a la propiedad y abogó por la búsqueda de una solución «firme y eficaz» desde el «trabajo y el consenso con los agentes sociales».
En este sentido, explicó que con el actual stock de viviendas nuevas que existe en la Comunidad ya no se puede hablar ni de ayudas a la compra ni de construcción de vivienda protegida. «Tenemos que ser realistas y el primer objetivo es acabar con el stock de viviendas fomentando el mercado de alquiler, para después intentar crear la necesidad de construir. Además, con el fomento de la rehabilitación también estaremos reactivando al sector de la construcción».
Silván también indicó que la protección que se contempla en la Ley de Medidas Urgentes de Vivienda se mantiene y que el objetivo ahora es crear a largo plazo otro instrumento para atender las necesidades de los ciudadanos castellanos y leoneses. En este sentido, el consejero explicó que se crearán dos grupos de trabajo, uno de forma inmediata para proponer medidas, y otro con capacidad decisoria.
CCOO. Por su parte, el secretario regional de Comisiones Obreras, Ángel Hernández, insistió también en la importancia del cambio de mentalidad respecto a la propiedad inmobiliaria, cambio que se debe producir dado que el «escenario sociolaboral y financiero de los próximos años nada tendrá que ver con lo que conocimos antes de 2008, con tipos de interés bajos y donde los mileuristas producían carcajadas. Tenemos que ser capaces de alcanzar los porcentajes de alquiler que existen en países como Alemania, Suecia o Austria».
Hernández, que se mostró convencido de que este nuevo modelo de trabajo en materia de vivienda «se convertirá en un referente nacional de cómo se deben hacer las cosas ante una nueva situación», explicó asimismo que espera que en 2016 se plasme en un documento con medidas concretas.
UGT. Mientras tanto, el secretario regional del sindicato UGT, Agustín Prieto, destacó que se trata de un «buen acuerdo para el futuro», pero matizó que «estamos ante un cambio de modelo que no se logra de un día para otro».
Al igual que Hernández, Prieto se refirió a la situación socioeconómica, al descenso de los salarios, a la «imposibilidad» de acceder a un préstamo hipotecario y a las 258.000 viviendas vacías que existen en la Comunidad. «Además de recuperar las ayudas para el alquilar con destino a los trabajadores, con este nuevo modelo también se reactivará el sector de la construcción y, a la vez, se logrará la recuperación de barrios actualmente degradados», destacó el dirigente sindical.
Cecale. En la misma línea se pronunció el presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale), Santiago Aparicio, que se mostró optimista y confiado en alcanzar un acuerdo concreto, «ya que tenemos la oportunidad de elaborar un plan de futuro que se convierta en una tabla de salvación para las familias que tienen la necesidad de acceder a una vivienda digna y para muchas empresas del sector de la construcción que ahora mismo no ven oportunidades en el mercado inmobiliario».
Aparicio destacó el consenso alcanzado en los principios básicos del plan y pidió tranquilidad para plasmarlo. «Todos debemos de trabajar con firmeza y con cautela, dado que estamos hablando de acuerdos de mucho calado que deben provocar un cambio de mentalidad en la sociedad respecto a la propiedad», aseguró el máximo responsable de la patronal regional.