La Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de este año, publicada la semana pasada, reflejaba que en la provincia hay 202.700 vallisoletanos ocupados de los 254.000 que están en edad de trabajar. Así, si se cruzan estos datos con la estadística de afiliación de la Seguridad Social en Valladolid, donde la media de estos tres primeros meses de 2014 ha sido de 188.943 afiliados, hay un resultado negativo de 13.577 trabajadores que no cotizan, lo que implica que podrían estar integrados en la denominada como economía sumergida.
Las cifras de la encuesta de la EPA son los únicas homologadas en Europa para saber el número de empleados y parados que hay en España. Por lo tanto, los 202.700 vallisoletanos que aparecen como ocupados son ciudadanos que aseguran tener algún tipo de trabajo, de lo que se deriva que casi 14.000 podrían realizar algún tipo de trabajo de forma irregular, sin estar dados de alta en la Seguridad Social y cotizar.
Esta cálculo, por tanto, es una de las fórmulas posibles para cuantificar el ‘trabajo en negro’ en la provincia, según los expertos consultados por El Día de Valladolid. «No hay manera de controlar cuánto trabajo sumergido puede haber, solo se pueden hacer acercamientos porque no es fácil localizarlo y cuantificarlo», reconoce Saturnino Fernández, secretario regional de Empleo y Formación de Comisiones Obreras. Una tesis que también comparten desde la Confederación Vallisoletana de Empresarios (CVE), que lamentan esta realidad, «que podría tener proporciones más altas de las reflejadas en este cálculo», según su presidente, José Antonio de Pedro.
Causas. En lo que no coinciden los sindicatos y la patronal es en las causas por las que se mantiene e incluso crece el empleo sumergido. «Si hay trabajo ‘en negro’ es porque quiere el empresario», asegura el secretario de Empleo y Formación de CCOO, que también alerta de que «los distintos gobiernos nunca han combatido de forma seria el fraude fiscal y laboral en este país».
Por contra, desde la patronal se advierte de que es «lamentable y trágica» esta situación. «De este fraude somos todos pagadores porque todos tenemos que aportar al Estado de Bienestar. No puede haber personas que detraigan y no aporten», señala el presidente de la CVE. Eso sí, no asume la acusación de los sindicatos porque entiende que los empresarios «no pueden ser los únicos culpables de esta práctica que debe contar con el visto bueno también del trabajador», matiza De Pedro.
En este sentido, resalta la falta de concienciación de la población y la ausencia de reproche social de estas prácticas defraudatorias que según los últimos datos ofrecidos, en enero de este mismo año, por el sindicato Gestha elevan el volumen de economía sumergida en Valladolid hasta el 22,9 por ciento del Producto Interior Bruto. Es decir, más de 2.900 millones de euros.
Inspección. Tanto sindicatos como patronal reclaman más controles de las administraciones para rebajar estos porcentajes. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Castilla y León hizo aflorar, entre los años 2012 y 2013, un 9,5 por ciento más de empleos y detectó un incremento del 44,3 por ciento de infracciones cometidas por empresas.
«La inspección actúa bastante pero no es fácil encontrarlo, por eso es sumergido. Otra cosa es que haya pocos inspectores y sectores muy desregulados, donde no hay convenios ni representantes sindicales para denunciar estas situaciones», lamenat Saturnino Fernández. Desde CCOO también señalan que hay empresas muy pequeñas o autónomos que son casi imposibles de detectar. «En época de crisis la gente se busca la vida. Cuando hay ofertas de trabajo no hace falta optar por el trabajo ‘en negro’», resalta.
«Hay que aplicar controles adecuados y las inspecciones deben dirigir todos sus esfuerzos a encontrar este trabajo oculto frente a priorizar el control a los negocios que operan con transparencia», reclama el presidente de la CVE.