El traslado de los talleres de Renfe se desbloquea, pero sin fecha de apertura

M.R.I.
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La sociedad Valladolid Alta Velocidad cederá el uso de las instalaciones para evitar que los continuos retrasos pongan en peligro la futura carga de trabajo

«Hay esperanza para la operación de la integración ferroviaria en Valladolid». Así resumió ayer el alcalde, Óscar Puente, el resultado de la trascendental reunión del consejo de Administración de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (VAV), donde se debían encontrar alternativas para la situación de asfixia financiera del proyecto del soterramiento y para los nuevos talleres de Renfe. Un encuentro que inicialmente parecía que se planteaba como el del todo o la nada, y que finalmente concluyó con un acuerdo para intentar salvar la operación ferroviaria, que pasa por la elaboración de un plan de viabilidad para la sociedad y la revisión del convenio que se firmó en 2002 entre Ministerio de Fomento, la Junta y el Ayuntamiento para ejecutar este megaproyecto.

Aunque la consecuencia más inmediata de la reunión «muy provechosa» de ayer es que se desbloqueará el traslado de los talleres de Renfe a sus nuevas instalaciones en el Páramo de San Isidro. Eso sí, nadie quiso pillarse los dedos comprometiendo plazos, después de los retrasos que se acumulan. Una fecha que exigían conocer los sindicatos, que se manifestaron a las puertas de la sociedad, y que está condicionada por la futura firma de una acuerdo de cesión de la propiedad a Renfe para que pueda empezar a trabajar allí. «Hay que dar una solución para que empiece a funcionar lo antes posible y pueda realizar el  mantenimiento de los trenes de alta velocidad», se comprometió el secretario de Estado de Infraestructuras y Transportes, Julio Gómez-Pomar. Aunque no concretó si Renfe asumirá el sobrecoste de unas instalaciones presupuestadas en 50 millones y que finalmente han costado más de 160 millones a la sociedad VAV. «Renfe es consciente del valor del nuevo taller y creo que eso se tendrá en cuenta en la revisión del convenio», acotó.

Esta sociedad integrada por Fomento, Junta y Ayuntamiento de Valladolid salvó ayer el segundo match point  sobre su superviviencia. Su situación económica es límite debido al vencimiento del primer plazo de la letra del préstamo de 400 millones que se pidió para ejecutar el soterramiento y que se agota el próximo 31 de marzo. Sus cuentas, donde hay un saldo de 15 millones, están bloquedas, aunque hoy después de un acuerdo con los bancos podrá disponer de una parte de ese saldo para afrontar gastos ordinarios.

Una presión que ha generado posturas muy dispares entre los socios, sobre todo en el punto de quién debería hacerse cargo del pago de los 125 millones del primer plazo. El pasado jueves, Fomento depositó en cuenta los 62,5 millones que entiende que le corresponderían, pero el Ayuntamiento acudía a la reunión con un informe del Interventor municipal «contundente» que rechazaba asumir el 25% de la misma y la Junta no desveló su posición.  

Un desencuentro que se anunciaba difícil de salvar, sobre porque  a primera hora de la mañana el concejal de Urbanismo había viajado a Madrid para reunirse con responsables del ministerio y buscar un acercamiento, algo que no sucedió. Pero las posturas cambiaron y mucho en la reunión de la tarde. Y así se pasó de hablar de posible liquidación a anunciar un acuerdo.  «La sociedad se sentará para renegociar las condiciones financieras con los bancos», anunciaba el secretario de Estado de Infraestructuras y Transportes, Julio Gómez-Pomar, visiblemente satisfecho por el acuerdo y escoltado por el alcalde de Valladolid, Óscar Puente y el consejero de Fomento, Medio Ambiente de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que será el encargado de liderar esa negociación.

Este liderazgo de la Junta puede conseguir un aplazamiento del pago que daría oxígeno a la sociedad y tiempo para sanear sus cuentas con nuevas aportaciones. «Una refinanciación total de la deuda pasaría por unos plazos superiores a los que teníamos, un interés más favorable y algún periodo de carencia», explicó Óscar Puente.

Además, se elaborará un plan de viabilidad de la sociedad, que conllevará también una revisión del convenio de 2002, que redefinirá los objetivos y la responsabilidades de los socios, algo que lleva tiempo reclamando el Ayuntamiento de Valladolid. «Más que renegociar los porcentajes hay que renegociar un nuevo marco en el que todos estemos cómodos, en función de sus circunstancias. Las puertas están abiertas a encontrar una solución, que sea la más justa», reiteró Puente.

El alcalde también pidió a sus socios hacer planteamientos «realistas» y que sean «realizables». «Ya no valen cuentos de la lechera y hay que ver de qué somos capaces de hacer en el futuro, sin renunciar al espíritu que siempre ha presidido esta iniciativa que era suprimir la barrera ferroviara de la mejor manera posible».