El masivo éxodo de ciudadanos europeos a Alemania en busca de una oportunidad laboral ante la crisis económica que vive buena parte de los países del Viejo Continente comienza a preocupar al Gobierno de Berlín, que ayer presentó un proyecto por el cual pretende limitar el acceso a los inmigrantes comunitarios a las prestaciones sociales, al tiempo que restringirá los permisos de residencia en el país mientras se busca empleo.

El objetivo de esta medida se centra en el aumento de la llamada inmigración de la pobreza, protagonizada por rumanos y búlgaros, un fenómeno sobre el que el ministro del Interior germano, Thomas de Maiziere, abogó por «tomar medidas» para evitar que termine convirtiéndose en un «problema a gran escala».

La gran coalición que dirige Angela Merkel pretende evitar que se utilice la libertad de circulación que garantiza la Unión Europea y se aproveche así del generoso sistema social que impera en el territorio.

Por ello, Maiziere, acompañado por la titular de Trabajo, Andrea Nahles, presentó el informe redactado por un grupo de trabajo que ha estudiado el actual marco legal y avanzó una serie de propuestas que, según garantizó, respetan la normativa comunitaria.

Entre los diferentes puntos del informe, de 133 páginas, se propone conceder permisos limitados de residencia de entre tres y seis meses para la búsqueda de empleo, de modo que, si al cabo de ese tiempo, el foráneo no ha encontrado un puesto laboral, deberá regresar su país de origen.

A pesar de las críticas desatadas desde la oposición por esta actuación, la norma europea reconoce el derecho de residencia para los trabajadores, pero no de manera ilimitada, por lo que la decisión dependerá de la legislación de cada país. De hecho, el marco comunitario reconoce a los ciudadanos de la región la posibilidad de entrar y vivir en un Estado miembros durante tres meses. A partir de ahí, la nación de acogida puede decidir cómo alargar dicha estancia y en función de qué parámetros.

El Gobierno de Berlín, además, quiere endurecer las condiciones para acceder a determinadas prestaciones, como las que se cobran por los hijos a cargo -hasta 184 euros por cada vástago-, para evitar que los inmigrantes, que pueden recibir ayudas por los menores que mantienen fuera de Alemania, perciban subvenciones dobles. Asimismo, se propondrán reformas para luchar contra la economía sumergida y la explotación de los extranjeros. Y también se prohibirá temporalmente el reingreso en suelo germano a quienes hayan cometido fraude o abuso.

El informe se centra en el posible impacto que puede tener la apertura de fronteras a los búlgaros y rumanos, que desde el 1 de enero no necesitan un contrato de trabajo para entrar en el país, e intenta calmar a los conservadores bávaros (socios de la gran coalición), que han llegado, incluso, a plantear la prohibición de llegadas de dichos ciudadanos. Según el texto de los expertos, entre 2012 y 2014, el número de extranjeros procedentes de esos dos territorios ha crecido un 414 por ciento.

Eso sí, el endurecimiento de las políticas germanas ha desatado la preocupación entre sus vecinos, que temen que ahora sean ellos los países que recibirán la masiva afluencia de foráneos.

Sin embargo, el caso de Alemania no es el primero, ya que Bélgica, por ejemplo, ya ha endurecido sus leyes para evitar que otros europeos intenten aprovecharse de sus ventajas sociales.