El sector de Justicia de Comisiones Obreras denunció hoy que la oficina de peritos judiciales de Valladolid se encuentra “vacía por la dejadez del Ministerio de Justicia”, acarreando la suspensión de muchos trámites de los procedimientos judiciales por la falta de los informes de estos profesionales. Al respecto precisó que algunos de estos profesionales han accedido a otras plazas mediante un concurso de traslados sin que se hayan cubierto sus vacantes en la capital vallisoletana, salvo una, cuya titular se encuentra en una incapacidad temporal.

En este sentido, desde CCOO se señaló en un comunicado recogido por Ical que hubo un intento para que que se cubriera interinamente otra plaza de perito judicial, pero “se vio frustrado por parte del Ministerio”, lo que ha dejado una plantilla mínima en Valladolid fijada en tres profesionales, aunque ha llegado a haber seis. Los peritos se encargan de realizar informes periciales sobre cuestiones como bienes muebles, inmuebles, automóviles, joyas, etc. que solicitan los órganos judiciales.

El delegado de Comisiones Obreras en el sector de Justicia, Raúl Franco, resaltó que los informes solicitados por los juzgados no se están realizando y, por tanto, los procedimientos están paralizados a la espera de los mismos, “fundamentales para poder seguir con su tramitación, y provocando la suspensión de juicios, con el perjuicio que acarrea para el ciudadano".

En mayo del año pasado, a instancias de CCOO, se procedió a formar el Tribunal para poder contratar a un perito como personal laboral temporal, lo que hubiera podido aliviar provisionalmente la situación, junto a una nueva perito que llegó a Valladolid por medio de un concurso de traslados. “Sin motivo justificado por parte del ministerio de Justicia, no se contrató a nadie, y en vez de llegar dos peritos a la oficina, resultó que no fue así, dado que quien venía como titular en el concurso de traslados recayó en una incapacidad temporal”, criticó el sindicato.

Externalizar el servicio

CCOO sospecha que el objetivo sea la “externalización de este servicio de peritos” y denunció al respecto que los informes privados resultan más costosos al contribuyente, cuando se podría seguir contando con un servicio público “con un poco más de interés por parte del Ministerio en cubrir las plazas”.

Por todo ello, desde el sector de Justicia del sindicato en Valladolid se reclamó que, forma inmediata, se ofrezca una solución a la ausencia de peritos judiciales. “De esta manera no se retrasarán ni paralizarán los procedimientos judiciales que necesitan de los informes de estos profesionales, todo ello en beneficio del servicio público de calidad al que se debe la Administración de Justicia”, concluyó.